En las últimas semanas, la situación de los comercializadores industriales de combustibles en Colombia ha tomado el centro de la agenda económica del país. Medios de comunicación de la talla de Portafolio, Revista Semana, Infobae, Diario La Economía y La Nota Económica han registrado con preocupación las alertas que hemos emitido de manera urgente al Gobierno Nacional.
No se trata de una simple diferencia de criterios administrativos; es un llamado de supervivencia operativa. La cobertura periodística coincide en un diagnóstico claro: el sector enfrenta una asfixia financiera y logística provocada por exigencias que carecen de sustento técnico y legal.
A continuación, recopilamos los puntos críticos y las citas con las que la opinión pública está evaluando esta coyuntura:
La exigencia simultánea del Manifiesto Electrónico de Carga y la Guía Digital de Transporte —dos documentos que solicitan exactamente la misma información (origen, destino, volumen y datos del vehículo)— ha sido calificada por los analistas como un contrasentido logístico.
Al respecto, la prensa nacional ha registrado el impacto de esta medida en la viabilidad del sector:
Revista Semana: «Doble trámite, doble costo: gremio alerta por regulación que ahoga a comercializadores de combustibles». En su cobertura, se destaca cómo esta redundancia genera una carga administrativa y un sobrecosto que los comercializadores deben asumir directamente, afectando su capacidad operativa.
🔗 Puedes leer la nota completa aquí: [Enlace al artículo en Semana]
Infobae Colombia: «“Doble trámite, doble costo”: gremio alerta impacto de regulación en comercializadores de combustibles». Este medio enfatizó la inviabilidad financiera que produce el esquema actual, advirtiendo sobre el riesgo latente en el flujo de caja de las empresas distribuidoras.
🔗 Puedes leer la nota completa aquí: [Enlace al artículo en Infobae]
Como los márgenes de utilidad del sector están estrictamente regulados por el Ministerio de Minas y Energía, estos sobrecostos no pueden trasladarse al consumidor final. Cada peso invertido en burocracia innecesaria debilita directamente la sostenibilidad de las empresas.
El análisis más profundo respecto a las trabas operativas y la falta de piso jurídico fue documentado en las páginas económicas de mayor circulación del país, poniendo en evidencia que las reglas de juego no están siendo equitativas.
Diario Portafolio (Edición del 20 de mayo de 2026, por Julián Andrés González Vargas): «ACICE denuncia barreras sin sustento legal por parte del Ministerio de Minas para la distribución de combustible».
El diario económico detalló que el Ministerio está imponiendo restricciones que van en contravía del Decreto 1073 de 2015, tales como prohibir que un mismo vehículo cisterna preste servicios a más de un comercializador industrial y exigir resoluciones de exclusividad. Portafolio hizo eco de la desventaja competitiva que esto representa, señalando que mientras las Estaciones de Servicio (EDS) comunes operan y comparten flotas con total libertad, a los comercializadores industriales independientes se les bloquea la eficiencia logística.
🔗 Puedes leer la nota completa aquí: Artículo en Diario Portafolio
La suma de trámites redundantes y restricciones de transporte no solo afecta a nuestras empresas; impacta directamente a toda la cadena productiva del país que depende del suministro de combustible para operar.
Diario La Economía: «Manifiesto de Transporte, riesgo para comercializadores industriales de combustible». El portal especializado advirtió que estas trabas logísticas generan un riesgo real de parálisis o ineficiencia en la distribución hacia los sectores industriales en las distintas regiones de Colombia.
🔗 Puedes leer la nota completa aquí: [Enlace al artículo en Diario La Economía]
Desde ACICE agradecemos el rigor y el espacio que los medios de comunicación han dedicado a visibilizar esta realidad. Las evidencias están sobre la mesa y el diagnóstico de la prensa es unánime: el sector necesita soluciones normativas urgentes.
Reiteramos nuestro compromiso absoluto con la legalidad y nuestra disposición inmediata para instalar mesas de trabajo técnicas con la Dirección de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas y Energía. El objetivo es uno solo: eliminar barreras artificiales, simplificar trámites y garantizar que la distribución de energía para la industria colombiana siga siendo competitiva, eficiente y sostenible.